La regeneración urbana, según la propaganda del Municipio de Guayaquil, ha generado miles y miles de empleos. La capacidad reproductora y redistributiva de la riqueza así asignada oficialmente a este proceso se postula como una bandera reivindicativa (y electorera) de la gestión municipal a la hora de cambiar la cara de la ciudad y de ampliar las bondades de la renovación directamente hacia masas poblacionales marginadas. La idea básica es que obreros guayaquileños trabajan pujantemente en las transformaciones espaciales y arquitectónicas de las cuales el conjunto de la ciudadanía goza en la actualidad. Detrás de esta fachada democratizante de la infraestructura humana que vehiculiza la regeneración, sin embargo, quedan flotando muchas preguntas básicas sobre la calidad de las condiciones de trabajo vinculadas a la fuerza laboral que consume, literalmente, sus días en la ejecución de las obras requeridas por la renovación.

La regeneración urbana es una maquinaria que fundamenta su operación en la tercerización de las obras municipales. De hecho, esta estrategia es promulgada como un ejemplo de la eficiencia del sistema de fundaciones privadas que –aunque hacen uso de fondos públicos en base a la canalización de los impuestos de los ciudadanos y de otros dineros municipales—tienen a cargo distintos aspectos de la renovación: desde la transformación espacial, hasta la vigilancia de los espacios semipúblicos creados. La tercerización de la mano de obra en el país, por supuesto, no es más que una forma de evadir las responsabilidades mínimas con los trabajadores y de, además, sacarle ventaja al fisco al no pagar compensaciones salariales. Estos mecanismos son bien conocidos, y, de hecho, se hallan sometidos a reconsideración precisamente para evitar las perversiones derivadas de una visión destinada a desproteger a la clase trabajadora de cualquier tipo de beneficio. La lógica dominante es la más sanguinaria: mientras más barata la mano de obra y menos beneficios de ley le correspondan, mejor para la clase empresarial. Lo propio es aplicable para buena parte de las formas de contratación manejadas por las fundaciones paramunicipales, y así lo han reconocido campantemente por la prensa, algunos de sus funcionarios. Así es que cierto es que la renovación genera empleo, pero también es cierto que lo hace en base a las formas de explotación más descarnadas. La otra cara de la renovación, por lo tanto, es precisamente el exterminio sistemático de la clase trabajadora en base a prácticas de contratación deshumanizantes.

Debería la renovación urbana, en tanto obra municipal, tener algún tipo de responsabilidad moral frente a ello? Tiene el Municipio una responsabilidad social respecto del tipo de empleo que genera? Las respuestas en ambos casos son afirmativas. No basta con hacer obra visible y de dotar una cara turística a la ciudad cuando la arqueología que no se menciona está compuesta por la osamenta de futuros fantasmas cuyas vidas de trabajadores no fueron precisamente dignas gracias a las magias evasivas de las fundaciones que los contrataron. Basta pasar por los lugares donde tienen lugar algunos de los trabajos para constatar que, muchas veces, parecería haber hasta menores de edad contratados por las compañías tercerizadoras. La mayor parte de quienes se encargan de tareas de reestructuración de las calles y avenidas parecen hallarse desprovistos de las mínimas condiciones de seguridad industrial requeridas para el feliz cumplimiento de sus tareas. No cuentan ni con mascarillas, ni con gafas protectoras, muchas veces ni cascos, ni amarras, ni botas para la prevención de accidentes. Expuestos al polvo y al sol inclemente, estos trabajadores son la viva expresión de prácticas de contratación condenables. No sorprende, entonces, que en la construcción de los túneles de San Eduardo, por ejemplo, cuando los residentes de la zona fueran ofrecidos un salario de ocho dólares diarios para trabajar en ese proyecto como una supuesta forma de compensación a la comunidad inmediata por los incovenientes causados por la construcción de un proyecto de gran magnitud, hayan preferido mayoritariamente rechazarlo.

En cualquier ciudad que se precie de tener una administración democrática, los valores de la defensa de las condiciones mínimas laborales debería ser una prioridad, algo a ser supervigilado por el propio Municipio. Esa es su responsabilidad. La obra pública no puede ser una obra fundamentada en prácticas explotativas y, a la larga, inmorales. Las fundaciones que la ejecutan, claramente, se lavan todos los días las manos. El único problema es que, primero, lo hacen con vidas humanas y, segundo, con dineros de nuestro bolsillo… Ocho dólares diarios, uno más, uno menos, es el nuevo salario de la esclavitud, la paga para los obreros del porcelanato. Miles y miles de obreros, miles y miles de empleos … miles y miles de vidas, y miles y miles de lágrimas.

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