X. Andrade, Ph.D. (c) New School for Social Research, Nueva York.
Pueden los intereses corporativos que dominan el ejercicio de lo público desarrollar agendas incluyentes y democratizantes? Cuál es el sentido de las renovaciones urbanas que son promulgadas desde gobiernos locales que responden a fuerzas políticas, empresariales, religiosas y privadas? Qué tipo de paisajes urbanos se crean bajo la retórica del adelanto y la modernización? Cuáles sectores son los beneficiarios más allá de las propagandas oficiales y el tratamiento mediático? En otras palabras, pueden las discusiones sobre gobernabilidad local dejar de lado el preguntarse sobre los sentidos de ciudadanía que impulsan unos u otros proyectos político-administrativos? Es posible pensarse la gobernabilidad local como una tarea meramente administrativa y no como un ejercicio esencialmente político? Es factible hablar de la renovación urbana sin pensarla en términos de una economía política configurada por múltiples intereses y por agendas excluyentes? Cuáles son las consecuencias de procesos de renovación urbana que conllevan la anulación gradual de la esfera pública y el aniquilamiento del espacio público? Concomitantemente, cuál es el sentido político de la “cultura ciudadana” emergente bajo contextos caracterizados por este tipo de efectos sociológicos? Es dicho concepto ascéptico y neutro como lo pretende el lenguaje de la “gobernabilidad local”?
Los caminos de las renovaciones urbanas pueden ser paradójicos e ilusorios. Este artículo cuestiona el tono celebratorio adherido a la renovación urbana en el caso de Guayaquil, Ecuador, a partir de la reflexión sobre la creación de disciplinas cívicas fundamentadas en reingenierías espaciales y dispositivos arquitectónicos, estéticos y disciplinarios que sirven para catalizar ideologías autoritarias. Manteniendo en mente algunas de las preguntas planteadas, el argumento se desarrolla en base a observaciones etnográficas realizadas entre los años 2001 y 2005 en la ciudad de Guayaquil, la ciudad más grande, el puerto principal del Ecuador en el Océano Pacífico, y el mayor polo regional en la costa ecuatoriana. La mancha urbana se extiende desde las riveras de un complejo sistema fluvial que deviene en el Río Guayas, atravieza un complejo de esteros y se prolonga, generalmente por medio de invasiones de tierra, hacia la Península de Santa Elena por el norte y la región de agroexportación bananera hacia el sur.
Con más de 2’000.000 de habitantes, Guayaquil ha sido sometido a un proceso acelerado de transformaciones urbanísticas durante los últimos cinco años. Conjugadas bajo el slogan político de “Más Ciudad” por quienes ostentan el poder local, las reformas son conocidas localmente como “regeneración urbana”, para enfatizar el contraste con periodos previos caracterizados por caóticos manejos municipales. El Partido Social Cristiano (PSC) ocupa la administración municipal desde hace 13 años a través de sus dos líderes históricos: León Febres Cordero en los noventas y Jaime Nebot actualmente. Este tipo de estabilidad en el poder local es inédita y en su etapa más reciente se debe, en buena parte, a la eficacia simbólica de los cambios promovidos por la renovación urbana. La actual alcaldía de Nebot corresponde a su segundo periodo administrativo, una vez que fuera reelegido en 2004 por 4 años adicionales. Su primero (2000-2004), dio inicio a proyectos que fueron conceptualizados en la etapa anterior bajo la segunda alcaldía de Febres Cordero (1992-1996, 1996-2000), también ex-Presidente de la República (1984-1988) y la más influyente figura política desde el retorno a la democracia en Ecuador en 1979. El PSC conjuga valores conservadores, católicos, empresariales y despóticos característicos a la derecha moderna en Ecuador y un discurso sobre cultura e identidad, “la guayaquileñidad”, asociado a una versión heroica, masculina y patricia de la historia, elementos que son explotados políticamente para generar filiaciones en contra del centralismo administrativo estatal, basado en la capital, Quito.
El proyecto de renovación urbana en Guayaquil ha sido reconocido nacional e internacionalmente (premio de la ONU en 2004) como un modelo exitoso de gobernabilidad local principalmente por el resurgimiento del sector turístico y de servicios asociados a dicha industria, y -aunque articulado tal reconocimiento bajo la retórica de las bondades del nuevo orden establecido en las calles intervenidas- también por la efectividad de la limpieza sociológica emprendida con el consecuente desplazamiento de actores del sector informal de la economía principalmente y otras formaciones sociales desprotegidas. Las mayores obras de renovación tuvieron lugar originalmente en el centro de la ciudad, el mismo que está situado a las riveras del Río Guayas.
Como modelo de gobernabilidad local, se caracteriza por una tendencia a la concesión de servicios claves de la administración pública de la ciudad, tales como el de agua potable y alcantarillado, y la recolección de basura, a terceros. En el mediano plazo, la municipalidad tiene planeado cubrir ámbitos tales como la salud pública y la energía eléctrica. Su ingerencia en materia de seguridad pública -motivo de este artículo- y educación es igualmente creciente. Para la realización de obra pública, se vale de una estructura paralela de fundaciones municipales tales como Guayaquil Siglo XXI y Malecón 2000, que manejan fondos municipales y actúan como brazos ejecutores y, eventualmente, como administradores, de obras realizadas por la alcaldía en materia de reforma, control y vigilancia espaciales, y hasta de policía cultural. Así, por ejemplo, en los últimos dos años, la Fundación Guayaquil Siglo XXI, manejaba el 10% del presupuesto municipal para ejecutar proyectos de renovación urbana, esto es cerca de 30’000.000 de dólares anuales provenientes de fondos públicos. Los trabajos a ejecutarse comprendían, para dicho año, 45 obras relativas a proyectos específicos vinculados a la renovación y 32 correspondientes a la ampliación y pavimentación de avenidas y calles.
El estatus legal de dichas fundaciones especialmente en lo concerniente a la transparencia en el manejo de fondos públicos, el diseño inconsulto de planes y programas que son acordados exclusivamente entre las propias fundaciones y la Municipalidad, y la ingerencia de las primeras en el control del espacio público, sin embargo, ha sido cuestionado, aunque puntualmente, desde la sociedad civil y empieza a ser motivo de una todavía incipiente reflexión académica. A través de la delegación de la administración local hacia un aparato de fundaciones paramunicipales con amplia cobertura, una perversa tendencia hacia la anulación gradual del espacio y la esfera públicos ha sido efectiva, para no mencionar que las propias prácticas laborales de dichas fundaciones han sido cuestionadas. Dicha tendencia se expresa en la prioridad otorgada a la vigilancia y la represión, en el diseño de un tipo de ciudadanía que es mera espectadora de los cambios urbanos, y en la ausencia de un debate público sobre estos procesos. En este contexto, la emergencia turística de las zonas renovadas –principal causa del tono celebratorio de la administración local y la ciudadanía en general, por lo menos tal cual su opinión es construida por los medios- es solamente la cara visible de la renovación, una cara que para su mantenimiento requiere hasta mayores rubros que los que genera. Finalmente, la hegemonía política de la municipalidad socialcristiana lograda durante la última década y media no habría sido posible sin la convergencia de instituciones configuradas por la elite guayaquileña y que opera en ámbitos empresariales, políticos y sociales –simultáneamente- tales como las Cámaras de la Producción, la Junta Cívica y la Junta de Beneficencia.
Abordando críticamente ciertos efectos sociológicos generados por el proceso de renovación urbana en Guayaquil, observaciones etnográficas dan cuenta del mismo como una producción esencialmente turística, la misma que tiene como contrapartida a la aniquilación gradual del espacio público expresada mediante políticas de control y vigilancia, la participación e incorporación de las coreografías del poder local por parte de los urbanitas, y la exhacerbación de las divisiones de clase entre ciudadanos expresada en una política de asentamientos urbanos que es excluyente. Bajo una mirada etnográfica -esto es focalizada en la relación entre aspectos micro de la vida cotidiana y su relación con la renovación espacial como un proceso que afecta al conjunto macro de dimensiones de la vida social en la ciudad de Guayaquil- este trabajo hace uso de dos estudios de caso: en la primera parte, se discuten algunas de las transformaciones acaecidas en el centro renovado y la resultante creación de un paisaje genérico; en la segunda sección, analiza un fenómeno de histeria social ocurrido recientemente -diciembre de 2004- que se relaciona con la fragmentación física y espacial emergente en la ciudad y los efectos de los estereotipos sobre clase social y raza resultantes de tales sentidos de distinción ambientales.
La primera locación del análisis es, pues, el corazón espacial de la renovación urbana. La segunda tiene lugar en Samborondón, la ciudad satélite de la elite. Mientras que las reformas urbanísticas en el primer caso refieren a un espacio público estrictamente disciplinado mediante dispositivos arquitectónicos, el último sirve como ejemplo de la tendiente polarización urbanística de la ciudad y como ella se expresa en la construcción de un mercadeo del miedo que fomenta políticas urbanísticas de segregación poblacional. El telón de fondo del análisis, e hilo articulador de los dos estudios de caso, lo provee el plan municipal “Más Seguridad”, el mismo que promueve la acelerada privatización del espacio público en base a la concesión gradual del control callejero directamente a compañías privadas de seguridad, un plan cuya versión más represiva fuera diseñado a lo largo de 2004 y que se halla actualmente vigente....
Fotografías:
Vicente Gaibor del Pino
Arquitecto
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